La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar los $22.300 millones reclamados en la causa civil por Vialidad. Así lo resolvió, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que confirmó la caducidad del expediente iniciado en 2018 por el organismo vial durante el gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, tanto la ex mandataria como el resto de los condenados quedaron eximidos de afrontar el resarcimiento económico que solicitaba el Estado por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La decisión corresponde a un expediente paralelo a la causa penal en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese fuero, la ex jefa de Estado sí debe responder con sus bienes junto a los demás condenados.
Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: “El principal problema de la economía argentina son los dólares”El caso civil fue iniciado en 2018 con la intención de obtener una compensación por los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio público. Sin embargo, la defensa de Cristina planteó la caducidad del proceso al señalar que el expediente “no registró avances desde el 17 de marzo de 2023”.
En un primer momento, el juez Marcelo Bruno Dos Santos rechazó el planteo de la ex presidenta. No obstante, tras un nuevo pedido en el que solicitó descontar los días de feria judicial, terminó aceptando la caducidad. La Sala III confirmó luego esa postura con los votos de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi. “La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, sostuvieron los magistrados.
Elecciones de octubre: la Cámara Nacional Electoral resolvió que Cristina Kirchner no puede votarEn disidencia se pronunció la jueza Florencia Nallar. Según señaló, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que la caducidad de la instancia solo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito”.